Una policía municipal honesta, Inés Barragán, recibió copias de reportes que sus superiores habían ocultado. Una abogada de familia, Paula Cárdenas, presentó el informe médico de Luna y solicitó custodia provisional. Finalmente, la agente federal Rebeca Lomelí abrió una investigación por corrupción, fraude financiero, delitos sanitarios y encubrimiento.
Entonces comenzaron los temblores.
La Secretaría del Trabajo inspeccionó el aserradero sin aviso. La autoridad ambiental tomó muestras del río donde la empresa vertía residuos. La comisión sanitaria revisó las recetas de la clínica. Severiano gastó dinero buscando a un rival empresarial, incapaz de imaginar que su exyerno estaba desmontando su poder con expedientes.
Pero el juez local aplazó la audiencia de custodia dos veces. Ramiro y Julián, nerviosos y furiosos, decidieron resolver el problema como siempre: fueron de madrugada a la casa rentada de Esteban.
Patearon la puerta y entraron con tubos metálicos.
Bruno los esperaba en la sala. Tomás grababa desde la escalera. Esteban permanecía detrás de una mesa, con las manos visibles. Todo terminó en menos de diez segundos. Los hermanos quedaron inmovilizados en el piso, sin heridas graves, justo cuando Inés Barragán llegó en una patrulla y los arrestó por allanamiento e intento de agresión.
El video fue enviado de inmediato a la fiscalía federal. Severiano pagó una fianza enorme y movió dinero desesperadamente entre cuentas que ya estaban vigiladas. Cada transferencia añadió una nueva prueba.
Tres días después, a las 5:58 de la mañana, una caravana de vehículos federales entró en San Jerónimo sin encender sirenas.
En la hacienda, Amparo apenas alcanzó a preguntar quién golpeaba la puerta.
—Fiscalía General de la República. Tenemos órdenes de cateo y aprehensión.
Severiano miró por la ventana y comprendió, por primera vez, que ninguno de los hombres que descendían de aquellos vehículos le debía un favor.
Y todavía no sabía qué nombre había aparecido en la última página del expediente.
PARTE 3
